113 millones de personas de escasos recursos reciben apoyo de programas de transferencias condicionadas

CEPAL
29 de septiembre, 2011

Uno de cada cinco habitantes de América Latina y el Caribe recibe transferencias de dinero a cambio de que sus hijos vayan al colegio o participen en controles de salud y nutrición.

Se trata de recursos monetarios entregados por los programas de transferencias condicionadas (PTC), dirigidos a familias pobres con hijos en edad escolar y mujeres embarazadas, los cuales nacieron a mediados de la década de los 90 en Brasil y México y hoy son implementados por 18 países de la región.

"Pese a los importantes avances económicos y sociales de los últimos años, la desigualdad se mantiene como uno de los estigmas de América Latina y el Caribe. Los programas de transferencias han mejorado el acceso a educación, salud y nutrición, además de proteger los niveles de ingreso y el acceso a alimentos por parte de las familias más pobres," señaló José Graziano da Silva, el Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Los PTC cubren a 113 millones de personas (el 19% de la población latinoamericana) con una inversión cercana al 0,4 % del PIB regional, según el estudio "Programas de Transferencias Condicionadas: Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe", elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Durante la última crisis económica internacional, ni la inversión social ni la cobertura regional de estos programas se vio afectada.

"Los programas de transferencias condicionadas, o ‘con corresponsabilidad', constituyen uno de los principales instrumentos de combate a la pobreza implementados durante los últimos 15 años en la región", planteó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

"El diseño y la implementación de políticas sociales capaces de abordar, desde un prisma multidimensional, problemas como la vulnerabilidad, la desigualdad y la pobreza son desafíos fundamentales para América Latina y el Caribe", agregó la alta funcionaria.

Hoy 29 y mañana 30 de septiembre se realizará en la Oficina Regional de la FAO, en Santiago de Chile, el VI Seminario Internacional sobre Programas de Transferencias Condicionadas, para analizar sus desafíos y desarrollo.

Los PTC también han sido importantes para evitar que las familias pobres implementen estrategias negativas para hacer frente a la crisis económica y a las alzas de los precios de los alimentos, como substituir alimentos de buena calidad por otros más baratos pero menos nutritivos, reducir su consumo alimenticio o vender sus activos.

También se ha constatado que estos programas producen mejoras significativas en los indicadores nutricionales, aumentan los controles médicos y el rendimiento escolar, y disminuyen la deserción escolar.

Los programas no sólo impactan positivamente a los hogares, sino que también a las economías locales, especialmente las rurales, ya que los beneficiarios aumentan su consumo e inyectan recursos a sus comunidades.

"Por mucho tiempo este tipo de programas fueron percibidos como asistencialistas, sin embargo han demostrado ser un motor del desarrollo para los países y el primer peldaño en la realización efectiva de los derechos ciudadanos para millones de hombres, mujeres y niños," señaló el Representante Regional de la FAO.

El VI Seminario Internacional sobre Programas de Transferencias Condicionadas es organizado por la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la CEPAL y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Al evento asistirán ministros del área social, coordinadores nacionales y directivos de PTC de 15 países de América Latina y el Caribe, además de académicos y expertos internacionales.

Ellos analizarán estrategias para perfeccionar estos programas mediante el llamado "enfoque de derechos", el cual implica mejorar sus mecanismos administrativos y de operación para fortalecer su transparencia, rendición de cuentas, y la participación de los destinatarios, evitando discriminaciones arbitrarias y mejorando su cobertura, sin acrecentar la condición de vulnerabilidad y exclusión de los destinatarios.

"Las transferencias pueden contribuir al cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos", aseveró Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur del ACNUDH.

"Para combatir la pobreza y dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, los Estados deben adoptar un enfoque basado en los principios fundamentales de los derechos humanos en la planificación, elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de sus estrategias, políticas y programas", señaló Incalcaterra.