Duplica presupuesto para educación costo económico de la inseguridad

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada. Domingo 16 de enero de 2011, p. 23

El costo económico de la inseguridad en México carece de una medición oficial pero diversas metodologías aplicadas por instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales lo ubican hasta en 15 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) anual del país, esto es, un billón 950 mil millones de pesos.

La violencia afecta el crecimiento de la economía mexicana porque aumenta los costos de producción, transacción y seguridad. Las empresas tienen que contratar seguros contra robos, cuyas primas han ido en ascenso, escoltas, equipos de radiolocalización para sus flotillas de transporte, entre otros, además de que reduce la acumulación de capital físico y humano y deteriora el entorno institucional.

Jorge Sicilia, economista en jefe para México y Estados Unidos de BBVA, en la presentación del Informe situación México, realizada a principios de noviembre del año pasado, comentó: “Existe una percepción creciente de que la violencia puede estar suponiendo un freno al desempeño actual de la economía mexicana”.

El reporte establece que de 2006 al cierre de 2010, el incremento de la inseguridad ha restado un punto porcentual cada año al crecimiento de la economía mexicana. En 2010, con un PIB calculado oficialmente en 13 billones 94 mil millones de pesos, un punto porcentual equivale a 130 mil 940 millones, a precios de 2010.

La Heritage Foundation cifra el costo económico de la inseguridad que prevalece en México, y de manera más acentuada en algunas regiones del territorio, es el equivalente a 1.2 por ciento del PIB porque además vulnera la libertad económica entendida como el derecho fundamental de todo ser humano a tener bajo su control sus obligaciones laborales y propiedades.

Para el Instituto Ciudadano de Estudios de la Inseguridad (Icesi), la inseguridad en México se debe segmentar en tres grandes componentes que son: el gasto en el sector público –federal, estatal y municipal–; el gasto privado –tanto de personas en lo individual o familiar como las empresas, incluyendo las gubernamentales–; y los costos indirectos.

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